El Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) solicitó este jueves a la Cámara de Representantes incorporar sus recomendaciones sobre el plan de reutilización de, al menos una veintena de escuelas públicas cerradas en San Juan, a las alternativas administrativas y legislativas para evitar el deterioro de estos planteles.
Establecer una moratoria de cierre de escuelas y reabrir aquellas estructuras que estén en condiciones óptimas es la sugerencia principal que la organización sin fines de lucro determinó en una investigación que publicó en el 2020. Este estudio consistió en visitar 119 planteles que figuraban en listas de escuelas cerradas, de las cuales 17 se encontraban en los límites de la ciudad capital.
De las escuelas clausuradas, siete de ellas están en desuso y casi la totalidad de estas en avanzado estado de deterioro. Sin embargo, la licenciada Michelle Alvarado Lebrón, abogada comunitaria y ambiental del CRH, aseguró en una vista pública que cuatro de los planteles en desuso en San Juan se encuentran en condiciones favorables para ser reutilizados, pues solo tienen problemas menores – como de limpieza – que requerirán poca inversión.
“Si ya tenemos unos planteles escolares que con poca inversión se puedan reutilizar, vamos a empezar a mirar esos primero”, abogó la portavoz. “Cuatro de ellos están en condiciones óptimas. Eso quiere decir, para nuestra reclasificación, falta de limpieza, pintura o mantenimiento de las áreas verdes. Sencillo. Poca inversión”, afirmó.
Alvarado Lebrón destacó, entre otras de las recomendaciones, la necesidad de incorporar un protocolo de reutilización para todas las escuelas cerradas, cuyo proceso integre la participación de los municipios, las familias y comunidades. De igual forma, reclamó la realización de una auditoría independiente de los procesos de cierre, consolidación y contratación para la reutilización de escuelas, con el fin de identificar verdaderos ahorros o pérdidas resultantes de estos.
“Tenemos que hablar de un plan de reutilización multisectorial. Tienen que haber distintos elementos aquí que consideren el debido proceso de ley, que consideren participación ciudadana. Es la única manera que nos podemos mover a soluciones sostenibles”, subrayó.
Las sugerencias del CRH fueron compartidas con la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, en el primer día de vistas públicas para indagar el plan de mantenimiento por parte de las agencias correspondientes en las facilidades de las escuelas cerradas en San Juan. La investigación legislativa se realiza mediante la Resolución de la Cámara 135.
El legislador aseveró que, además de presentar legislación para atender este problema en las escuelas públicas de San Juan, recomendará al resto de los representantes que presiden comisiones para atender las situaciones en sus respectivos municipios a conducir la misma investigación en los planteles de sus distritos.
Según los datos recopilados por la CRH, durante los pasados 11 años el Departamento de Educación (DE) ha cerrado 673 planteles en Puerto Rico, lo que equivale al 44% del total de escuelas públicas.
“El problema es que estas escuelas se cerraron, y no hubo un plan de disposición, de mantenimiento y control de esas estructuras. Eso es lo que tenemos que atender. Hoy es el inicio, a nivel de la Cámara, de comenzar ese proceso. Esperamos poder hacer legislación que obligue a eso y, a la misma vez, concientizar a las agencias para que tomen cartas en el asunto”, manifestó Torres Cruz, quien adelantó que someterá legislación para declarar un estado de emergencia por el cierre sin precedentes de escuelas públicas, con el fin de acceder a más fondos que mitiguen la situación.
La gerente general de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Janice Miranda Claudio, indicó en la vista pública que, desde que asumió el cargo en agosto de 2021, ha realizado peticiones para que esta dependencia reciba las asignaciones presupuestarias necesarias para atender el deterioro en las escuelas en desuso.
“Estamos haciendo ahora mismo unas evaluaciones de las estructuras. Se está comenzando en el área de Ponce, porque va a haber una inversión que se tiene que hacer rápida para ponerlas (las escuelas) en condiciones (óptimas). Hay unas que están peores que otras”, explicó la licenciada.
“Hay una preocupación y una realidad que hay unas escuelas que están en desuso, y necesitan por el bien de la comunidad que sean atendidas y se lleve a cabo su mantenimiento. Estamos haciendo ese análisis responsable para poder decir: ‘Necesitamos esta cantidad’”, abundó.
Según Educación, el grupo de trabajo que se encargará de completar este análisis inició a inspeccionar planteles el pasado febrero tanto en Ponce, como en otros municipios de la zona sur.
Por su parte, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEBDI), creado bajo la Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal de 2017 (Ley 26-2017), informó que no tiene conocimiento de la disponibilidad de planteles en desuso en San Juan. La entidad aseguró que este año trabajará en la revisión de los reglamentos de disposición de las distintas entidades del gobierno que tienen facultad de disponer de bienes inmuebles, a los fines de procurar su actualización y “armonizar” los procesos.
Mientras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) manifestó a preguntas del representante Torres Cruz que impulsa la aprobación de un proyecto senatorial que devolvería las funciones de este comité a la Oficina Asesora de Administración de Propiedades, adscrita a la agencia.
La directora ejecutiva del comité, Sylvette Vélez, no compareció a la audiencia de hoy pese a que fue citada por la comisión, por lo que el legislador adelantó que será citada para una próxima vista pública bajo apercibimiento de desacato.
“Todas estas escuelas, luego de que fueron cerradas, se han convertido en estorbos públicos. La mayoría de ellas, por el estado de abandono y deterioro que se encuentran, están siendo utilizados como hospitalillos de usuarios de drogas, para esconder drogas en algunos lugares, como establos de caballos en otros sitios, y están creando serios problemas ambientales en las comunidades”, puntualizó Torres Cruz.
“Vamos a dar seguimiento hasta el final en todo este proceso. Vamos a hacer varias inspecciones oculares en distintas escuelas de San Juan para verificar la situación en que se encuentran”, concluyó.
